Mª Helena de Felipe

Impacto de la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros

La propuesta del Gobierno en relación a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, se propone elevar la cuantía del Salario Mínimo en 2019 a 900 euros/mes, 164 euros más al mes que en 2018, con un impacto presupuestario en 2019 de 340 millones de euros. El motivo esgrimido es que los salarios mínimos son una potente herramienta social que pueden contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Para ello deben ser salarios que garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias, como se establece en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Ahora bien esta propuesta merece ser analizada detenidamente:

  • En primer lugar, comporta un incremento del Acuerdo alcanzado entre agentes sociales estatales y el Gobierno del Estado de 773 euros para el 2019 y 850 euros para el 2020. En consecuencia, cuestiona el marco de negociación del diálogo social entre organizaciones empresariales y sindicales. En su investidura, el pasado día 21, el nuevo Presidente de CEOE, Antonio Garamendi solicito formalmente al Gobierno que no le excluya de negociaciones futuras.

 

  • En segundo lugar, se tiene que valorar la repercusión que tiene el aumento sobre el SMI, no únicamente en los trabajadores que están por debajo, sino también, la inflación que genera en los trabajadores que perciben salarios superiores. Asimismo, es necesario analizar los posibles efectos negativos que el establecimiento de un determinado salario mínimo puede tener sobre la creación de puestos de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo, reducción de la jornada de trabajo y aumento de la temporalidad de la contratación. En esta línea la UE ha advertido del frenazo que la propuesta de incremento puede tener en el empleo, que ha cuantificado en 70.000 puestos netos de los que en FEPIME calculamos que unos 10.000 serían en Catalunya.  Por lo tanto, no solo debe evaluarse  el impacto de un determinado nivel del coste salarial mínimo en relación al porcentaje de la población asalariada con salarios cercanos al mismo, sino que también es necesario analizar las características de la población activa en paro. Por todos estos motivos en FEPIME creemos que se ha de evitar que la fijación de una determinada cantidad de salario actúe como restricción o barrera de acceso al empleo de determinados colectivos como pueden ser los trabajadores jóvenes o menos formados.

 

  • En tercer lugar, se debe valorar la repercusión económica en relación a las prestaciones, subsidios y otros indicadores vinculados al SMI. Si bien en Catalunya hay un porcentaje de trabajadores ostensiblemente inferior al de otras Comunidades Autónomas receptores del SMI (2,4% vs el 3,2% a nivel nacional) en cambio en el ámbito de otras percepciones la situación de Catalunya es mucho más equiparable al de la media nacional.

 

  • En cuarto lugar, el salario es el resultado de la productividad. Un incremento salarial desvinculado de un aumento de la misma tiene un impacto en el nivel de precios y conlleva una disminución de la productividad, pérdida de competitividad y aumento del paro. Por lo tanto, se podrá determinar un determinado nivel de salario mínimo pero es el tejido productivo, las empresas, las que crean empleo y que las han de determinar el nivel salarial. Hay que tener en cuenta que los incrementos salariales no sustentados en un avance de la productividad de la economía frenarían la expansión del empleo, que debe ser uno de los principales objetivos a cumplir por el conjunto de actores sociales y el gobierno. En Catalunya el SMI supone el 44,9 del salario medio que se cobra en el Principado, ahora bien el incremento tendría un especial efecto para las pymes y micropymes dado que la escala salarial tanto en Catalunya como en el resto de España pone de manifiesto que son las pequeñas empresas las que pagan salarios más bajos y por lo tanto se verían más afectadas en su estructura de costes por esta subida provocando por consiguiente una relentización del mercado laboral, hecho que en Catalunya sería especialmente preocupante dado que las previsiones de diversos organismos para 2019, como FUNCAS, sitúan a Catalunya dos décimas por debajo de la media nacional de crecimiento y eso tiene efectos directos en la menor creación de empleo.

 

  • Por último, debería ser objeto de análisis y debate si el incremento o fijación de un determinado salario mínimo contribuiría al crecimiento del consumo o de la demanda interna. Si bien es cierto que el nivel salarial de la población afecta a su poder de compra, éste también depende del crecimiento del poder de compra del conjunto de asalariados, y de otras variables como la fiscalidad, la confianza de los agentes económicos en el evolución de la economía o en otros datos macroeconómicos como pueden ser los movimientos de los tipos de interés. Por lo tanto, sólo el incremento de los salarios medios reales que sea compatible con el crecimiento del empleo y con el mantenimiento de los niveles de competitividad adecuados puede garantizar el crecimiento sostenible del consumo privado y la demanda interna.

 

Según el estudio elaborado por Foment del Treball Nacional basado en el análisis de convenios colectivos sectoriales de aplicación en Cataluña, un 28,16% de Convenios establecen un salario mínimo igual o inferior al SMI vigente, en gran parte se refieren a personal en formación o aprendices de primer año. Sobre estos convenios, únicamente el 8,62% remiten directamente al SMI vigente para establecer el salario mínimo del sector.

Por otra parte, con datos de 2017, el 50% de Convenios estarían por debajo de 850€/mes de salario mínimo.

Según la estimación del Gobierno de España respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 900 euros al mes, comportaría un impacto de 340 millones de euros.

Así, pues, a la vista de todos estos datos, y como bien apunta un estudio de FEDEA, no se puede concluir de forma tajante que este incremento tenga los efectos positivos que el impulso de la medida, sin duda alguna, busca el ejecutivo al impulsarla y la falta de acuerdo sobre los efectos del mismo que han puesto de manifiesto los economista tendría ser suficiente elemento de reflexión para abrir de nuevo el dialogo social antes de imponer este medida sea vía Presupuesto Generales del Estado o bien por Real Decreto.


Maria Helena de Felipe Lehonten

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